Policía, Ejército y Migración Colombia buscan infractores del aislamiento obligatorio en Soacha

Desde el inicio de la cuarentena se han realizado 2.677 órdenes de comparendo en Soacha, por incumplimiento a la medida de aislamiento preventivo y se trasladaron 2.515 al CTP.

Para que Soacha pueda disminuir  los casos de coronavirus (Covid – 19), el alcalde Juan Carlos Saldarriaga resalta el apoyo incondicional de la Policía, el Ejército y Migración Colombia con los operativos realizados hasta el momento y que continuarán hasta el final del Aislamiento Preventivo Obligatorio de manera rigurosa,  teniendo presencia en toda la ciudad y garantizando el control del orden público.

Aunque estas medidas siguen siendo acogidas por la mayoría de los soachunos, hasta el momento se han impuesto 2.677   comparendos en todo el territorio (1.983 por desacato al artículo 35, número 2 del decreto presidencial de las normas de aislamiento y Toque de Queda, en Soacha), con una multa de 936 mil pesos,  y se trasladaron 2.515 ciudadanos al Centro de Traslado por Protección (CTP), desde que inicio la cuarentena.

En esa medida, el Ejército asignó 200 uniformados, quienes junto con la Policía, continuarán patrullando en siete puntos de control distribuidos por todo el territorio, en cumplimiento de las normas nacionales y locales,  teniendo en cuenta que ahora el Toque de Queda en Soacha inicia a las 6:00 p.m., hasta las 4:00 a.m., del día siguiente.

Por su parte, uniformados de la Policía y funcionarios de Migración Colombia, realizan continuamente la verificación de carácter migratorio a extranjeros de nacionalidad venezolana en todo el municipio, enfatizando en algunos puntos específicos donde se han presentado alteraciones del orden público, según información suministradas por la comunidad a la línea de atención 123.

El proceso que se realiza con los extranjeros que  incumplen los decretos y normas de aislamiento, es que una vez la Fiscalía pone a disposición de las autoridades migratorias a los venezolanos capturados, se procede a determinar si son deportados o expulsados del territorio nacional, de acuerdo con su estatus judicial.

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