Humedales Juan Amarillo, Capellanía y La Conejera, principales dolientes de la ALO

Agilizar la movilidad del transporte proveniente del norte y sur del país y evitar su paso por el interior de Bogotá. Ese fue el propósito original de la Avenida Longitudinal de Occidente, dejando en el olvido los impactos ambientales que su trazado provocaría sobre varios ecosistemas bogotanos.


Según la Secretaría de Ambiente, el modelo original de la ALO afectaría directamente 14,6 hectáreas de los humedales de Capellanía (5,4 hectáreas), Juan Amarillo (4,8) y La Conejera (4,5).

Por los elevados niveles de ruido (superiores a los 70 decibeles) para la construcción de pilotes y calzadas a su vez se verían afectadas las aves, ya que se bloquearían los cantos que utilizan para su reproducción.

La ALO también ocuparía 23,8 hectáreas de la zona de ronda del río Bogotá en tres sitios; uno de ellos la parte norte aledaña al aeropuerto Guaymaral, donde se han presentado los mayores impactos negativos en los dos últimos inviernos.

Para rematar, la ALO dividiría e invadiría 23 hectáreas de la Reserva Forestal del Norte, lugar en donde se encuentra una de las áreas protegidas de Bogotá: el bosque “La maleza de Suba”, último relicto de vegetación silvestre sobre un área de planicie que sobrevive.

En cuanto a la flora, la SDA asegura que la vía produciría una extinción segura de una especie vegetal única en el mundo que sólo habita en el sector afectado por la ALO en La Conejera: la margarita del pantano.

Igual suerte correrían varias formaciones vegetales en la Chucua de Colsubsidio, sector con las mejores condiciones ecológicas del Juan Amarillo, y el musgo acuático, una rareza biológica única que no existe en otros humedales de la ciudad ni de la región.

“El desarrollo de este proyecto vial generará situaciones que limitan la gestión ambiental para la recuperación ecológica y la conservación de estos humedales. Además se producirían efectos en cadena que deteriorarán su estructura y función ecológica, entre ellos la colmatación con sedimentos y la terrificación de los cuerpos de agua”, advirtió Margarita Flórez, Secretaria Distrital de Ambiente, en un foro realizado el día de ayer en el Concejo de Bogotá.

“Es cuestionable construir una mega obra vial que afecta estas tres áreas protegidas de la capital, en las cuales el Distrito ha invertido entre 2007 y 2011 alrededor de $20 mil millones en su recuperación ecológica y en la gestión para su manejo y administración. Además, labores de educación y concientización la gestión ambiental urbana es considerada exitosa”.

La funcionaria recordó que desde 2006 la capital cuenta con la Política Distrital de Humedales, que contempla proteger estos cuerpos de agua y establece que las autoridades ambientales y regionales definirán las disposiciones jurídicas necesarias para adoptar los medios e instrumentos científico-técnicos de evaluación ambiental de alternativas para los proyectos, obras y actividades que afecten los humedales del Distrito y la región.

Normatividad sin piso

La licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), incluía como una de las medidas de compensación de la ALO la adquisición y restauración como humedal de un área de 13,5 hectáreas en el sector sur occidental de La Conejera, en predios de la Hacienda Fontanar del Río.

En ese entonces esta área estaba destinada a la ganadería, pero hoy ya fue urbanizada, pese al alto riesgo de inundación que presenta. En los últimos eventos invernales, las autoridades distritales declararon la alerta naranja y realizaron el realce provisional del jarillón del humedal; este año debieron construir uno nuevo por más de $3.000 millones.

La SDA recalcó que el hecho de que un proyecto cuente con una licencia ambiental no implica que no pueda ser desistido o modificado, para evitar, prevenir o minimizar los impactos ambientales previstos. “Es importante destacar que con posterioridad a la fecha en que fue valorado ambientalmente el proyecto de la ALO, el Distrito ha avanzado en normatividad, políticas e instrumentos de planeamiento mucho más estrictos sobre la intervención en los humedales, con el fin de fortalecer la protección de estos ecosistemas que ya han sido altamente impactados”, puntualizó Flórez.

Tal es el caso del Decreto Distrital 469 de 2003 (reformatorio del Plan de Ordenamiento Territorial), que al establecer el régimen de usos para estas áreas protegidas excluyó la posibilidad de construcción de vías sobre ellos; esto fue reforzado por la Política de Humedales, el Decreto Distrital 062 de 2006 y los Planes de Manejo Ambiental de los propios humedales que serían impactados, una carta blanca que sirve si no se modifican los proyectos.

Por otra parte, la SDA asegura que aunque es claro que una de las apuestas de la ALO estaba fundamentada en la necesidad de la movilidad por el futuro desarrollo urbano del borde norte de la cuidad, un acto administrativo ya no justificaría su construcción.

Se trata de las Resoluciones 475 y 621 de 2000 del antiguo Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que declararon la zona como reserva ambiental y que no permiten el desarrollo urbano. La construcción de la ALO si pondría en riesgo las áreas verdes de esta reserva, ya que una vía de esta magnitud en un área tan cercana al límite urbano propiciaría la ocupación informal de dichos predios, por su ubicación estratégica en la ciudad.

“En lugar de aumentar hectáreas de cemento se debe pensar en conservar, y en lo posible aumentar en una metrópoli como Bogotá espacios para el agua, la salud y el bienestar físico y mental de toda la ciudadanía, no solo del presente, sino del futuro”, enfatizó la Secretaria de Ambiente

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