Educar y controlar, una tarea de todos

Después del “fin de la guerra con las FARC” se ha evidenciado
un enemigo que ataca sin discriminar
raza, creencia, estrato social, inclinaciones políticas y género de los
ciudadanos, y el municipio de Soacha
no desconoce esta problemática, por el contrario, la sufre día a día en los
diferentes ejes de su plan de desarrollo: 
salud, justicia y seguridad, transporte, 
deporte y recreación, agua potable y saneamiento básico, alcantarillado
y aseo, cultura, fortalecimiento institucional, ambiental,  entre otros. La educación no es la excepción, pues este depredador  acecha sin tregua. Sí señor lector, este
depredador tiene nombre propio, se llama corrupción.

La educación en Soacha,
si bien no ha sido consumida en su totalidad por este fenómeno, en los últimos
8 años sí se ha visto permeada por prácticas administrativas irresponsables que
a largo plazo pueden traducirse en potenciales focos de corrupción. Es así como en esta ocasión la educación
pública de nuestro municipio demanda mayor atención y control por parte de
organismos como la Secretaría de Educación
para garantizar una vigilancia pertinente, en cuanto a la utilización de los
recursos en las distintas instituciones educativas.

En el último informe emitido por la Contraloría Municipal de Soacha se evidencian pequeñas
inconsistencias en el manejo e inversión de los recursos destinados para los
colegios públicos del municipio. Si bien los hallazgos consignados en dicho
informe no constituyen un corpus certero para determinar la existencia de
irregularidades administrativas por parte de sus funcionarios, sí es necesario
centrar la atención en los detalles que se denuncian y se sancionan   en las diferentes instituciones educativas
allí mencionadas, pues estas anomalías no denotan un proceso administrativo
transparente.

Como resultado de la auditoría hecha por parte de la
Contraloría Municipal, reposa en el informe el registro de 5 tipos de sanciones
y su respectivo número de hallazgos: 33
administrativas, 12 disciplinarias, 1 fiscal, 3 penales y 1 sancionatorio,
que
se aplicarán a las diferentes instituciones educativas públicas del municipio,
pero existen dos instituciones educativas sobre las cuales se centra la
atención de la ciudadanía: la
Institución Educativa General Santander y la Institución Educativa Oficial
Ciudad Latina.

Para la primera institución educativa, luego de someter a
revisión la contratación del año anterior (2018) se encuentra que en el
contrato  CS -056 – 2018 que tiene por
objeto el suministro de papelería y artículos de escritorio (resmas de papel, bolígrafos, carpetas,
marcadores, etc.)
para la Institución, se reporta un faltante de $3.063.500
en resmas de papel no soportados.

El panorama  en la
segunda institución, antes mencionada, no es menos alentador, pues según el
informe esta  “suscribió contrato de arrendamiento 002 de febrero 1° de 2018, de lo
cual se evidenció falencias en las etapas del proceso contractual como: durante
la ejecución del contrato no se realizó el pago de la seguridad social (salud)
por parte del contratista, no se realizó el pago de una semana de arriendo y
además el contratista allegó planillas de pago de la seguridad social
presuntamente falsas”.
(Tomado del informe definitivo de auditoría
emitido por la contraloría municipal de Soacha, página: 479 -480)

Si bien, como se dijo párrafos atrás, esto no se puede tomar
como evidencia para acusar a las instituciones de llevar a cabo prácticas corruptas en cuanto al manejo
de los recursos destinados para la educación, es necesario atender estas
situaciones para evitar la potencialización de las mismas en potenciales focos
de riesgo de corrupción, lo que nos lleva hoy a analizar la información acerca
de los procesos contractuales de las dos instituciones antes mencionadas,
consignada en las bases de datos del Sistema
Electrónico de Contratación Pública
(SECOP), las cuales son de libre acceso
y que de alguna manera puede constituirse como herramienta para el control
ciudadano.

Ahora bien, si el desarrollo de la calidad educativa se
asocia, en gran parte, a la inversión tecnológica que va de la mano con las
políticas de implementación, las Tecnologías
de la Información,
observamos que en el último periodo (2018) se
consideraron en suministro para audiovisuales la suma aproximada de 26 millones de pesos, y al hacer la
comparación con el gasto mencionado en el párrafo anterior, podría
interpretarse que no se está invirtiendo en la calidad educativa del municipio
de manera óptima, ya que si bien es importante el gasto en aseo y limpieza,
debe ser aún más importante el desarrollo y suministro de materiales
audiovisuales como herramienta básicas que jueguen como pie de pivot en el
desarrollo de la formación de los soachunos.

Por otro lado, en el análisis contractual de los respectivos
contratos celebrados en la vigencia del 2018 por la Institución Educativa Oficial General Santander del municipio de
Soacha, y lo que refiere a las respectivas publicaciones en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, se evidencia que la mayoría
de estos no cumplen con la publicación en tiempo de los documentos
precontractuales, contractuales y post contractuales, la cual debe realizarse
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, así como tampoco se
cumple con la publicación de todos los documentos adicionales al proceso, lo
cual configuró el  hallazgo No. 17
expuesto por la Contraloría Municipal de Soacha.

La Institución
Educativa Oficial Ciudad Latina
consolidar procesos contractuales y de
inversión por valor de $ 211.173.652 para el año 2018, es así como según la
auditoría se identificó que en las ejecuciones presupuestales existen errores,
generando que los resultados del proceso presupuestal no sea 100% confiable.
Falta de confiabilidad en los resultados presupuestales de esta entidad. Además
de esto, existe la presunción de entrega de planillas de seguridad social
falsas por parte del contratista a la institución, lo que se puede interpretar
como un hallazgo administrativo que deriva de la falta de eficiencia en los
puntos de verificación al interior de la institución. 

Otro caso particular, pero no aislado, es el de la Institución Educativa Oficial Ricaurte de
Soacha
, quien presenta ausencia de extractos bancarios con corte a 31 de
diciembre para realizar conciliaciones bancarias, esto se debió a falta de
entrega de información por parte del rector. Según el ente de control, lo que
podría traducirse como una negativa por parte de la administración de la
institución educativa, para no dar a conocer de manera pública la información
financiera de la entidad, como lo solicitó en su momento la Contraloría del
municipio de Soacha.

Por todo lo dicho anteriormente, se propone a la administración municipal, entes de control y a los diferentes directivos de las instituciones, profundizar en el desarrollo y establecimiento de políticas y estrategias que permitan auditar y controlar los recursos desde todos los espectros posibles, porque estamos convencidos que la educación es un eje fundamental para plantearnos una Soacha de cara al futuro.

Por Jeisson Fonseca y José David Ramírez

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