Cae red dedicada a la falsificación y comercialización de dólares falsos en Cundinamarca

En la Vega, Cundinamarca, fueron desmanteladas dos estructuras delincuenciales dedicadas a falsificar dólares de diferente denominación. Esta industria ilegal ya tenía un mercado consolidado en Ecuador.

Las labores investigativas de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y el CTI, pusieron en evidencia a dos redes dedicadas a la falsificación de moneda extranjera que era embolada y enviada a Ecuador para comercializarla en el mercado formal de ese país.

Para transportar las divisas, al parecer, instrumentalizaban a adultos mayores a quienes convencían de viajar al extranjero a cambio de financiarles la estadía y pagarles diferentes sumas de dinero. Asimismo, hay indicios de que también usaban los servicios de encomiendas para trasladar la moneda fraudulenta a diferentes departamentos como Caquetá y coordinar la salida del país.

Los investigadores del CTI capturaron a cinco de los presuntos máximos articuladores de este grupo delincuencial en diligencias realizadas en Cundinamarca y Florencia (Caquetá). En las diligencias fueron incautados más de 3’000.000 de dólares falsos, una máquina litográfica, un quemador de plancha, una guillotina eléctrica, tintas, placas de repuje y otros elementos.

Entre los detenidos están Efrén Darío González Palomo, el señalado cabecilla; y Patricia Gasca Reina, la supuesta responsable de la logística y transporte de los dólares falsos. Los demás capturados serían los encargados de la elaboración de los billetes y definir las formas de envío a Ecuador, ellos son: Hirlei Antonio Marín Buriticá, Raúl Marino Zamora Insuasty y Luis Eduardo Ramos Morales.

Un fiscal de la Dirección de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados por los procesados que, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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